“Luego de varios obstáculos presentados en el avance de lo que sería el instrumento normativo de catastro multipropósito con nuestros Pueblos Indígenas, en el marco de la protocolización del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, se logra concertar una nueva ruta metodológica para su implementación.”
Recordemos que la implementación de catastro multipropósito comenzó en Colombia en el año 2019 y busca por medio de un sistema de información, registrar los datos actualizados de la tierra de acuerdo a predios formales e informales. No obstante, una de las preocupaciones más frecuentes por parte de nuestros Pueblos Indígenas, es la forma en que está planteada su implementación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales. Según la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, el país a la fecha no tiene actualizado su territorio en su totalidad, y esto se debió en gran medida al debilitamiento presupuestal del Instituto Colombiano Agustín Codazzoi (IGAC), y así mismo los procesos de división del antiguo INCODER que no ha podido cumplir con los procesos de formalización de tierras.
¿Qué piden los pueblos indígenas?
Es de resaltar que el Estado tiene una deuda histórica en cuanto a los derechos territoriales de los Pueblos, al no contar con un enfoque diferencial con los grupos étnicos, donde se reconozca su cosmovisión, sus saberes y conocimiento sobre sus espacios sagrados de vida y todo lo que la lectura de los territorios implica.
Por esto existe una clara necesidad de contar con la participación de los Pueblos Indígenas en el levantamiento y construcción de la información de sus territorios, de antemano garantizando el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que intercedan sus territorios.
Necesidad que ha sido atendida por cuanto se ha interlocutado de Gobierno indígena a Gobierno Nacional, con el equipo técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con el fin de la concertación previa técnica, de los elementos que se están proponiendo desde los Pueblos y comunidades a través de las organizaciones indígenas, posterior al despliegue territorial en el marco de la consulta previa, libre e informada en donde se identificaron varios aspectos a tener en cuenta:
1.Existen diferencias conceptuales alrededor del tema de catastro, mientras para el Estado este instrumento tiene que ver con registro a modo de inventario, para los Pueblos Indígenas hay una mirada diferente y es la memoria sobre el orden natural existente en los territorios.
2. Toda consulta hace alusión a la demanda histórica que se ha venido dando desde los Pueblos Indígenas con relación a los derechos territoriales, recordando que el castrato debe ser un instrumento que prepare el camino para viabilizar o agilizar, el reconocimiento de derechos territoriales contemplados en lo que es; ampliación de resguardos, reconocimiento de territorios ancestrales, saneamiento, entre otros.
Con base a los aspectos mencionados anteriormente, las 7 organizaciones indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación, juntaron desde cada mirada y experiencia una propuesta que se unificó y se ha dialogado con el Gobierno, sin embargo se presentaron diferentes dificultades al insistir en esa otra lógica institucional del Estado, en donde se impone la norma y la ley externa por encima de las demandas de las comunidades.
“Para nosotros los Pueblos Indígenas el propósito de la norma a expedirse, tiene que ser una norma donde se puedan adoptar medidas especiales, es decir una norma especial, porque el IGAC dice que el ámbito de aplicación es únicamente en los territorios legalizados bajo la figura de resguardo, en cambio estamos diciendo que esa aplicación debe ser en todas las tipologías territoriales de los Pueblos, reconociendo su cosmovisión” Expresa Miguel Chindoy, Autoridad de Gobierno Mayor
Con base a estos aportes, en el mes de diciembre se realizó una la mesa ampliada entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación y funcionarios del Gobierno Nacional, con el fin presentar una propuesta que contiene 16 tipologías que buscan la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de este país, las cuales deberían ser incluidas en el instrumento normativo de la política pública del Catastro Multipropósito que se está construyendo.
Seguido de esto, y pese a varios obstáculos presentados en el avance de lo que sería el instrumento normativo de catastro multipropósito, y de revisar los artículos propuestos por nuestros Pueblos Indígenas, en el marco de la protocolización del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, se logra concertar una nueva ruta metodológica para su implementación.
Carolay Guerrero Coordinadora Temática de la consulta de catastro multipropósito, nos comparte que esta ruta se concertó con el Gobierno Nacional en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para culminar el proceso de la consulta previa libre e informada, que se iniciara con las garantías desde el 1 de marzo hasta el mes de julio.
Otro logro, es que se comenzara un modelo extendido LADM_COL, donde va a reposar toda la información territorial propia de los Pueblos Indígenas.
Esperamos que se de este avance y con la implementación de este instrumento, se materialice la salvaguarda y reconocimiento de territorios ancestrales; se impulsen los procesos de formalización de resguardos, y se implemente la toponimia propia que permite identificar la relación que tienen los Pueblos Indígenas con su territorio como dueños preexistentes de sus espacios sagrados de vida, para así lograr los derechos territoriales de nuestras comunidades las cuales son actores activos y participativos en el levantamiento de esta información partiendo de la premisa que son quienes verdaderamente conocen los territorios del país.