“El día 4 de octubre en el municipio de Cumaribo Vichada, Gobierno Mayor asistió a la diligencia de acompañamiento para el cumplimiento de la sentencia rad 2021 – 00067 – 03, que ordena en su fondo la delimitación del área de sustracción que corresponde a las comunidades campesinas y limitan con resguardos indígenas de Cali-Barranquilla, Alto Unuma, Saracure – Río Cadá, y Flores Sombrero”.
Por: Redacción equipo de comunicaciones de Gobierno Mayor
A la reunión asistió toda la institucionalidad, desde el Cabildo Gobernador de Cali – Barranquilla, a excepción de los cabildos gobernadores de Alto Unuma, Saracure – Río Cadá, y Flores Sombrero. Sin embargo, pese a estas ausencias se dio apertura a la socialización de la sentencia y sobre todo de las acciones que las Instituciones y especialmente la Agencia Nacional de Tierras, realizarán para el cumplimiento de la tutela.
Siendo así, inicialmente la Agencia Nacional de Tierras, procedió a socializar el contexto de la sentencia, aclarando que por error de la misma entidad, el juzgado incurrió en establecer la aplicación de la clarificación enmarcada en el decreto 1824 de 2020, en el sentido que los resguardos no son de origen colonial o republicano.
Luego entonces, lo anterior no es óbice para no cumplir la sentencia rad 2021 – 00067 – 03, que finalmente busca delimitar las áreas de los resguardos de Alto Unuma, Saracure – Río Cadá, Cali Barranquilla y Flores Sombrero con el área sustraída.
En la reunión, se presentaron las inquietudes por parte de Gobierno Mayor en cuanto al tema de solicitudes de ampliación de cada resguardo; sobre las cuales la Agencia Nacional de Tierras respondió que las solicitudes de ampliación están dirigidas hacia el departamento del Meta.
Para lo anterior procedieron a socializar las fases que se tendrán en cuenta para el cumplimiento de la tutela, no sin antes manifestar que todo será en el marco de la concertación con los resguardos indígenas
De igual manera otra inquietud que expresó la organización es la existencia de oposiciones por parte de los resguardos indígenas, al momento de realizar la sustracción de más de 300 mil hectáreas de la zona de reserva indígena para favorecer a los campesinos debido a que son territorios ancestrales. La respuesta es que no hubo ninguna oposición, en el sentido que ya habían más de 300 familias en la zona y que las mismas comunidades indígenas, estaban de acuerdo. Sin embargo, ya han pasado más de 30 años y no se ha delimitado.
Posterior a ello, la Agencia Nacional de Tierras propuso unas fases en las que realizará la delimitación con el acompañamiento de las comunidades indígenas y campesinas.
En ese caso también se solicitó que se den las garantías a los compañeros indígenas que participarán en los recorridos de la delimitación. Teniendo en cuenta lo anterior, se espera la notificación de fechas del cronograma en el sentido que aún se debe realizar otra convocatoria para oficializar las etapas y fases que den cuenta de la acción a proceder para el cumplimiento de esta providencia judicial. De esta manera, se daba cierra a la reunión comprometiendo a la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía y Departamento en la gestión de recursos para estas garantías.