Para fortalecer el ejercicio de la gobernanza de los pueblos indígenas, aparte del conocimiento y dominio de lo propio, también es necesario conocer la estructura del estado en su conformación y su funcionamiento, así como el tratamiento del estado a los pueblos indígenas en cuanto a los derechos que nos corresponde.

Es necesario aclarar que la constitución política reconoce derechos a todos los colombianos, en los cuales podemos acceder los pueblos indígenas; pero además de manera específica reconoce derechos específicos a los pueblos indígenas alrededor de nuestra identidad cultural, territorial y política. Los Art. 7, 10, 63, 72, 96, 171, 176, 246, 286, 287, 321, 329, 330, 359, de la constitución política son una muestra que hace referencia directa con pueblos indígenas, sobre los cuales se han expedido leyes que requieren ser estudiadas para conocer el impacto en las comunidades.

Igualmente es necesario estudiar cuidadosamente el contenido de la ley 21 de 1991, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Todo el contenido de esta ley es obligatorio cumplimiento por parte del estado, pero especialmente el art. 6 se refiere al derecho que nos asiste a la consulta previa cuando una medida del estado (a cualquier nivel) vaya a afectarnos.

En efecto, si el gobierno departamental o municipal (que hacen pare del estado), en el cual permanecemos o hemos permanecido, pretende tomar una medida que directa o indirectamente nos afecte; está obligado a realizar la consulta previa correspondiente. Es necesario entonces estudiar los pasos necesarios para exigir y realizar una consulta previa no como simple formalidad sino como respuesta efectiva a los Derechos que nos corresponde. 

En síntesis, para mejorar la gobernanza y la capacidad de gestión desde las autoridades indígenas, necesitamos capacitarnos en conocer el lenguaje político y jurídico del estado, así como las herramientas técnicas y procedimientos necesarios para dialogar y hacer caminar nuestra agenda propia.